Resumen: PRIMERO.- Se alza en suplicación la demandada, Orquesta Sinfónica de Euskadi SA, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de San Sebastián que ha declarado despido nulo la extinción del contrato de trabajo de Doña Dulce operada el 3 de mayo de 2019 al considerar que la ahora recurrente no podía fijar en el contrato un periodo de prueba superior a dos meses, dado que la actora es personal administrativo y auxiliar conforme al Convenio Colectivo pues como tal fue contratada, y no personal titulado al que se puede imponer legalmente un periodo de prueba de seis meses.
Resumen: Contratos bancarios. Error en el consentimiento. Restitución por ambas partes con intereses desde el momento de percepción de las cantidades correspondientes. El recurso de casación se basa en que la sentencia impugnada vulnera la doctrina de esta Sala al no condenar a la parte recurrida al abono de los intereses legales de la rentabilidad percibida. Constituye doctrina reiterada de esta Sala que, una vez declarada la nulidad por error en el consentimiento de la orden de compra de deuda subordinada, los rendimientos a devolver por los clientes, en el caso de declaración de nulidad de este tipo de negocios jurídicos, han de ser incrementados con los intereses devengados desde la fecha de cada abono. Se estima el recurso de casación.
Resumen: La sala estima el recurso de casación y desestima el recurso por infracción procesal frente a una sentencia que, previa declaración de nulidad de la cláusula de gastos en un préstamo hipotecario, había condenado a la entidad prestamista a reintegrar a los prestatarios el pago del impuesto de actos jurídicos documentados. La sala reitera su jurisprudencia, que establece la obligación del prestatario de asumir el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en cuanto sujeto pasivo del mismo según su ley reguladora en la fecha en que se suscribió el préstamo. Esta conclusión ha sido reafirmada por las conclusiones de las sentencias del pleno de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo 669/2018, 1670/2018 y 1671/2018, de 27 de noviembre. Añade que en nada afecta a ello que el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (convalidado por el Congreso de los Diputados el 22 de noviembre siguiente), haya formulado una regulación distinta puesto que dicha norma, conforme a su propia previsión de entrada en vigor, solamente es aplicable a los contratos de préstamo hipotecario celebrados con posterioridad a su vigencia, sin retroactividad alguna.
Resumen: Frente a la sentencia del Juzgado de lo Social, que estima parcialmente la demanda y, en cumplimiento de una sentencia previa de conflicto colectivo, reconoce el derecho a la entrega de ropa de trabajo a aquellos trabajadores a los que no consta que se les hubiera entregado, en lugar de una compensación económica, recurre la Administración demandada (Gobierno de Canarias) en suplicación. La Sala de lo Social admite, en primer lugar, la solicitud de modificación del relato fáctico, al darse los requisitos jurisprudenciales para acceder a la misma, dado que a una de las trabajadoras se le hizo entrega de la ropa de trabajo para el curso que es objeto de reclamación; y en segundo lugar, estima en parte el recurso, ya que la Administración incurrió en morosidad en el cumplimiento de su obligación de entrega de la ropa de trabajo y es posible el cumplimiento en especie, no pudiendo obligar a las actoras a la percepción de una indemnización en metálico, ni perdiendo su derecho por no haber pedido tal indemnización por los cauces abiertos por la demandada; ahora bien, constando probado que a una de las demandantes se le hizo entrega de la ropa, la misma carece de acción y su pretensión debe ser rechazada.
